RD Caso Jet Set: Garantía económica de 50 millones de pesos y presentación periódica para Antonio y Maribel Espaillat

La jueza Fátima Veloz del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país como medida de coerción contra el empresario Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat, imputados de cometer homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias en perjuicio de las 235 personas que fallecieron y las más de 180 que resultaron heridas al colapsar el techo de la discoteca Jet Set.

Asimismo la magistrada declaró el caso complejo.

El Ministerio Público establece que los imputados violaron los tipos penales contemplados y sancionados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, los cuales castigan el homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias.

El desplome del techo del Jet Set se produjo la noche del 8 de abril de este 2025 en el momento en que el cantante Rubby Pérez, quien también falleció, amenizaba una fiesta de merengue junto a su orquesta.

Tras la ocurrencia del hecho en la discoteca ubicada en la plaza El Portal, del Kilómetro 6 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se presentó al lugar e instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público para disponer medidas tendentes a desarrollar las investigaciones, incluyendo la protección de la escena y escombros para realizar el peritaje de lugar.

Una vez se terminaron las labores de rescate, el Ministerio Público procedió a preservar los escombros para los fines del peritaje técnico.

En cumplimiento de esa disposición, el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), general retirado Juan Manuel Méndez García, una vez terminada las labores de rescate de sobrevivientes y de recuperación de cuerpos de los fallecidos, procedió a entregar la escena al Ministerio Público.

Como parte de la investigación, el equipo del Ministerio Público designó a los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), para que realizaran el estudio técnico sobre las causas del colapso del techo de la edificación del Jet Set Club, propiedad de la entidad comercial Inversiones E y L SRL y regenteado por los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López.

Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que los hermanos Espaillat López realizaban una operación comercial negligente que ponía en riesgo a cientos de vida.

Los fiscales imputan que durante años el Jet Set Club “operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados”.

Ambos imputados además, inobservaron de manera deliberada las normativas de construcción y uso de suelo. Como principales gestores, permitieron y gestionaron la realización de importantes remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones en la estructura del Jet Set Club “sin obtener los permisos requeridos ni realizar las evaluaciones estructurales necesarias por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o la Alcaldía del Distrito Nacional”.

Estas remodelaciones incluyeron la instalación de un escenario, sistemas de iluminación, bares, y zonas VIP, “demostrando una inobservancia total por las leyes de construcción y seguridad”, añaden los fiscales.

Los imputados alteraron de manera significativa la estructura de la discoteca sin supervisión técnica. “La discoteca, originalmente un cine, sufrió un cambio de uso que implicó una adaptación estructural inadecuada”, indican los fiscales.

Además, que los responsables del Jet Set cargaron el techo de la discoteca de manera excesiva y progresiva, con múltiples elementos de gran peso, como casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de gran volumen (incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno) y tinacos de agua. Todo esto, “sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura para soportar dicho peso”.

Los imputados apelaron a soluciones paliativas inadecuadas solo en interés de ahorrar recursos y siempre tuvieron conocimiento pleno de los problemas del techo.

Tanto Antonio Espaillat y Maribel Espaillat tuvieron conocimiento directo y constante de los graves problemas que presentaba el techo, “a través de reportes visuales (fotos y videos) y comunicaciones de sus propios empleados. A pesar de estas advertencias explícitas sobre la caída de escombros y el peligro inminente, optaron por ignorarlas”.

Los fiscales establecieron que los ejecutivos de la discoteca subordinaron la seguridad de empleados y clientes a la operación comercial.

El Ministerio Público plantea que recabó evidencias contundentes que demuestran que los hechos del pasado 8 de abril “eran totalmente evitables si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y si hubiesen valorado la vida por encima del dinero”.

Además, que los imputados intimidaron a testigos del proceso “con el objetivo de evitar que aportaran pruebas del proceso que comprometen su responsabilidad penal”.

Por: Olga Vergés/ Emilio Guzmán

Al cierre de esta edición, la Oficina de Atención Permanente no había decidido sobre la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra los hermanos Antonio y Maribell Espaillat, propietarios y gerentes del centro nocturno Jet Set, donde el 8 de abril un derrumbe dejó 235 personas muertas. La fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para el hombre y domiciliara para mujer.

Desde temprano los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva lucieron abarrotados de familiares de fallecidos y heridos por el desplome de la discoteca, quienes acudieron junto a sus abogados para conocer la medida de coerción.

Comunicado familia Espaillat

La familia Espaillat emitió anoche un comunicado en el que atribuye su silencio al “profundo respeto” al dolor de las víctimas y por prudencia frente a un proceso judicial en curso pero que ante informaciones falsas, llegó el momento de hablar con sinceridad, con claridad y respeto.

Asevera que han dado el trato respetuoso con testigos del caso, incluso al señor Gregory Adames, cuyas propias conversaciones privadas desmienten cualquier intimidación.

Dice que Antonio estaba fuera del país y que el mismo día 8 regresó y que desde entonces ha estado a disposición de las autoridades, y colaborado activo con la investigación.

Enumera las acciones que afirma han tomado en estos dos meses: solicitar el secuestro del inmueble para preservar la evidencia estructural y permitir un peritaje objetivo e imparcial, acreditar al experto internacional ingeniero Nicolás Saenz, de la firma Thornton Tomasetti como representante técnico ante el peritaje.

Presentación de más de 100 documentos como presupuesto de defensa, incluidos los pasaportes entregados de modo voluntario, certificaciones de arraigo familiar y laboral, actas médicas y publicaciones de prensa.

Habilitación de un canal público de asistencia a las víctimas desde el 1 de mayo. Suscripción, sin publicidad ni condicionamiento de más de 40 acuerdos de compensación económica y apoyo humano, legalizados ante notario, con familiares de fallecidos, personas lesionadas y músicos afectados.

“ No hemos buscado protagonismo ni justificaciones. Hoy decidimos hablar no para defendernos en los medios, sino para que la sociedad conozca la verdad con base documental: hemos actuado con responsabilidad, transparencia y humanidad”, arguye.

En el texto, la familia dice que reitera su respeto apoyo incondicional a los parientes que sufren, a las autoridades, que reafirman su disposición plena a cooperar y a la sociedad le pedimos justicia “basada en los hechos, no en narrativas.

Manifiesta que pone a disposición de los medios de comunicación y de todos los interesados los presupuestos expuestos y depositado ante el tribunal encargado de conocer las medidas de coerción, que describen evidencias, estudios técnicos, certificaciones legales y acuerdos firmados con víctimas y familiares.

Puedes leer: Tragedia del Jet Set: ¿Cuántas familias han recibido el Bono de Emergencia del Gobierno?
Sustenta que este documento e inventario presenta, por primera vez, una reconstrucción detallada y sustentada en evidencia documental del comportamiento de la familia Jet Set y de la Espaillat ante los hechos ocurridos en el establecimiento. Asegura que con esta “base probatoria, desmontan con precisión los planteamientos expuestos sobre el caso”.

Los rostros de la desgracia

Aracelis Santana llegó a la audiencia en silla de ruedas con la pierna derecha enyesada y sed de justicia. Expresó que confía en una condena que honre la memoria de los muertos y alivie el sufrimiento de los vivos.

Ruth de Jesús, hermana de Giselle, muerta en la tragedia dijo que no tiene paz al indicar que los hermanos Espaillat debieron ser procesados desde el primer momento del siniestro y no meses después.
La diputada Lidia Pérez, hermana del merenguero Rubby Pérez, pidió a Dios misericordia por los hermanos para que asuman con responsabilidad.

Como ella, el clamor de familiares que perdieron un ser querido y de afectados por el derrumbe fue similar mientras estaban sentados en Palacio de Justicia y oraban juntos por obtener una justicia justa.

Pasadas las 2:40 de la tarde el Ministerio Público terminó de leer la solicitud de medida de coerción contra los hermanos Espaillat, luego hubo un receso de 40 minutos y al término la presentación de alegatos por los abogados de los imputados frente a los señalamientos.