Senado aprueba en primera lectura la reforma policial tras más de ocho horas de sesión

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El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley de reforma policial, una pieza que busca transformar la estructura, funcionamiento y mecanismos de supervisión de la Policía Nacional, en momentos en que el país vuelve a debatir con fuerza la necesidad de una institución más profesional, transparente y respetuosa de los derechos fundamentales.

La aprobación se produjo luego de una sesión de más de ocho horas, durante la cual los senadores introdujeron modificaciones a artículos vinculados con la actuación de los agentes, la prestación de servicios privados, el uso de armas de reglamento, los protocolos de uso de la fuerza y los mecanismos de control interno.

 

Cambios y controles internos

Entre los puntos modificados figura la obligación de establecer protocolos más claros para el uso de la fuerza y registrar la utilización de armas de reglamento por parte de los miembros de la institución. La medida apunta a fortalecer la trazabilidad de las actuaciones policiales y reducir los márgenes de discrecionalidad en los operativos.

Otro eje central de la reforma es el fortalecimiento de la carrera policial. El proyecto contempla ajustes en los procesos de ingreso, ascenso, evaluación del desempeño y permanencia de los agentes, con el objetivo de avanzar hacia una institución basada en méritos, capacitación continua y responsabilidad jerárquica.

Álgido contexto

La discusión legislativa ocurre en un contexto marcado por el descontento social tras la muerte de Darlin Mercado Reyes, quien falleció luego de recibir un disparo de un agente de la Policía Nacional en Santo Domingo Oeste. El caso provocó protestas, reclamos de justicia y renovadas críticas sobre el uso de la fuerza por parte de agentes policiales.

El proyecto llevaba alrededor de siete meses bajo estudio en una comisión especial del Senado. Su aprobación en primera lectura representa un avance, pero la iniciativa todavía debe completar el trámite legislativo correspondiente antes del cierre de la actual legislatura, previsto para el 26 de julio.

De no ser aprobada totalmente antes de esa fecha, la pieza podría perimir, lo que obligaría a reiniciar el proceso en una próxima legislatura. La presión ahora se concentra en si el Congreso logrará convertir el reclamo de reforma en una ley efectiva o si el debate volverá a quedar atrapado entre la urgencia social y los tiempos políticos.

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