Embates que ha sufrido la Cámara de Cuentas

Trayectoria. Esta institución, despectivamente reprochada como Cámara de Cuentos”, ha sido protagonista de escándalos que han puesto en tela de juicio su operación y existencia.

Dalton Herrera
Santo Domingo, RD
Acusaciones a jueces de estar “apandillados” en el manejo de auditorías, amenazas de juicios polí­ticos por escasez de ética y prácticas de nepotismo, inacción institucional y subida de salarios sin jus­tificación, son solo parte de las tandas de crisis que ha padecido la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

Despectivamente repro­chada como la “Cámara de Cuentos” por gran par­te de la ciudadanía y sec­tores de la sociedad civil, esta institución, órgano superior externo de con­trol fiscal, de los recursos públicos y procesos admi­nistrativos y del patrimo­nio público, ha protagoni­zado escándalos que han puesto en tela de juicio su operación y existencia.

En enero de 2007, el pleno, encabezado por su presidente Andrés Terre­ro, se aumentó el sueldo y sus miembros pasaron de cobrar de RD$300,000 a más RD$600,000 al mes. Pero las críticas no dieron tiempo a espera y la medi­da fue dejada sin efecto en mayo de ese mismo año.

No obstante, posterior­mente su pleno fue some­tido al escarmiento y a un juicio político, bajo acu­saciones de lucha de inte­reses en el manejo de las auditorías, distribución irregular de cargos en la institución, círculo de ne­potismo y compras irre­gulares sin las licitaciones adecuadas.

Con estos actos los ti­tulares, que fueron re­nombrados por la opinión pública como “los apandi­llados”, finalmente resul­taron señalados de violar las leyes 10-04, de la Cá­mara de Cuentas, la 41-08, de Función Pública, y la 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

Luego de iniciado el jui­cio político, Terrero y los miembros del pleno opta­ron por renunciar de sus cargos.

Los otros titulares eran Henry Mejía, José A. Ma­ceo, Juan Adalberto Lora Ruíz, Freddy Almonte Bri­to, Luis Yépez Súncar, José Altagracia Gregorio, Uli­ses de Beras de la Cruz y Alcides Benjamín.

En su carta de renuncia, Terrero entendía que no se debía someter “al Senado de la República a la fragi­lidad de una votación que conforme a la Constitu­ción de la República con la 3/4 de la votación se pue­de destituir a cualquiera de nosotros”.

Sueldos y el escándalo
Otro escándalo se suscitó en marzo de 2017, prácti­camente al inicio de esta actual gestión, encabeza­da por Hugo Álvarez Pérez, fue un aumento salarial sin justificación que solicitó el presidente de la CCRD.

El sueldo de Álvarez Pé­rez pasó de 350,000 pesos a 423,500 pesos. Los demás miembros, conformados por Pedro Ortiz Hernández, Carlos Tejada, Félix Álvarez Rivera y Margarita Melen­ciano Corporán, también recibieron aumentos que llevaron sus salarios hasta 379,097 pesos.

No obstante, Álvarez Pé­rez justificó, a través de una carta al presidente de la Cá­mara de Diputados de ese entonces, Rubén Maldona­do, que no se hicieron un aumento salarial, sino que aplicaron un tabulador sa­larial instituido mediante una resolución del 2013, es decir con el pleno pasado.

La misiva indicaba que “la resolución ADM-2013-012, aprobó la adopción de una política salarial para to­dos los recursos humanos, funcionarios y servidores públicos de la Cámara de Cuentas, sobre la base de la equidad interna, competiti­vidad externa y capacidad económica, de conformi­dad con el tabulador/esca­la salarial”.

Esta gestión de Álvarez Pérez también estuvo en el ojo del huracán al repor­tar millones de pesos en al­muerzos, bebidas, cigarros de marcas, restaurantes, tarjetas de crédito y dona­ciones.

Con los recursos de la entidad, los funciona­rios de la CCRD gastaron RD$73,475.00 en la com­pra de cigarros de marcas costosas.

Además, se registraron gastos en compras de be­bidas alcohólicas, mayor­mente vinos, champagne y whisky.

Inoperancia
Participación Ciudadana (PC) también denunció el año pasado que la CCRD solo realizó 356 audito­rías en siete años (2012-2019).

“Si se toma en cuenta que las instituciones del Esta­do a ser auditadas son unas 1,470 a las que hay que agregar 32 partidos y mo­vimientos políticos y 1,196 organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos, sumando 2,698 instituciones, entonces solo el 13% ha sido auditadas en estos últimos siete años”, in­dicó el grupo de la Sociedad Civil.

Los orígenes de la Cá­mara de Cuentas datan desde la primera Constitu­ción en 1844 y, aunque no se consignaba una Cáma­ra de Cuentas como la que se conoce hoy, se establecía un Consejo Administrativo compuesto de funcionarios públicos, encargado de ve­rificar anualmente las cuen­tas generales e informar sobre eso al Congreso Na­cional.

La misión de esta enti­dad es fiscalizar los recur­sos públicos del Estado do­minicano.

MENSAJE AL PAÍS
El discurso.
El presidente de la Re­pública afirmó que la Cámara de Cuentas res­ponde a los intereses del PLD, y que ese este es “parte de su blinda­je”, por lo que considera “sus miembros ya debe­rían haber renunciado”.

Recordó que la Cámara de Cuentas, que tiene la responsabilidad de audi­tar y fiscalizar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna institu­ción pública.

 

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