Fedomu, Mepyd y otras entidades forman mesa para implementación Ley 368-22

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, encabezó este lunes junto al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), Pavel Isa, el encuentro realizado en el marco del Consejo Directivo de Fedomu, donde se presentaron las instituciones que conforman la Mesa de Articulación Intergubernamental para la implementación de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Esta mesa, propuesta por Fedomu y el Mepyd, es concebida como un espacio de diálogo y coordinación entre diferentes entidades del Gobierno central y los gobiernos locales para la implementación de dicha Ley, la cual fue promulgada el 22 de diciembre de 2022, detalla una nota de prensa.

También, por los ministerios de Obras Públicas, Medio Ambiente y Viviendas y Edificaciones, representados por los señores Carmen Guzmán, José Antonio Elías González y Ernesto Mazara, respectivamente, así como Fedomu y la Liga Municipal.
Otros fines de interés de la conformación de la mesa son promover la cooperación, la coordinación y la toma de decisiones conjuntas entre los actores sectoriales y gobiernos locales para implementar y desarrollar procesos de ordenamiento y desarrollo territorial.
En su discurso, Kelvin Cruz destacó que “hoy es un día histórico, ver conformado un espacio en el que se articulen las principales sectoriales del Estado y los ayuntamientos, es un hito en el cambio de cultura de la gestión del Estado, un hito para romper con la visión centralista y aislada del desarrollo, para dar paso a un modelo más eficiente, coordinado, respetuoso de los roles y competencias”.
También, destacó que para Fedomu es una prioridad impulsar la Ley de ordenamiento territorial y fortalecer los ayuntamientos para que asuman esta competencia de manera eficiente.
En sus palabras, el ministro Pavel Isa indicó que para avanzar a mayor velocidad en la aplicación de la Ley 368-22 debe el Gobierno, los municipios, el sector privado y la sociedad civil actuar en conjunto.
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