Freno a Romero genera alerta jurídica en el país, advierte Cámara Minera

La decisión reabre discusiones sobre el marco legal minero, la exploración y la confianza para los inversionistas

La decisión de detener cualquier actividad vinculada al proyecto minero Romero, en la provincia San Juan, colocó nuevamente en el centro del debate nacional la forma en que República Dominicana gestiona las inversiones de alto impacto, el alcance de su marco regulatorio y la relación entre desarrollo económico, institucionalidad y demandas ambientales.

En la Entrevista Especial de elCaribe y CDN Canal 37, Pedro Esteva, presidente de Cámara Minera y Petrolera (Camipe), y Martín Valerio, director ejecutivo, dejan al descubierto una visión sectorial que, sin negar la sensibilidad social y ambiental que rodea a proyectos de esta naturaleza, advierte sobre implicaciones económicas y jurídicas que van más allá de un caso puntual.

Desde el punto de vista de Esteva, la discusión no puede analizarse exclusivamente desde la reacción inmediata que provocó la decisión gubernamental sobre Romero, sino desde el rol que históricamente ha tenido la minería como actividad productiva, generadora de ingresos y dependiente de procesos largos de exploración, planificación y regulación.

“Camipe es una institución con 29 años; agrupa minería metálica, no metálica, proveedores de servicios e ingenieros geólogos, y vela por el desarrollo de la minería y de la industria petrolera en el país”, recordó. Ese contexto institucional fue el punto de partida para expresar preocupación por una decisión que involucró a uno de sus socios y que toca fibras más profundas que la suspensión de una iniciativa específica.

“La minería es una actividad económica que soporta la economía del país y que en los últimos años en promedio ha sido como un 2% del PIB”, sostuvo Esteva, enfatizando que el proyecto se encontraba en una fase de terminación de exploración, desarrollando estudios destinados a sustentar un eventual plan de explotación conforme a términos de referencia emitidos previamente por el Ministerio de Medio Ambiente.

Desde su óptica, la inquietud central no es únicamente la paralización, sino la señal que puede enviarse a la inversión de riesgo vinculada a la exploración minera. “Si hoy existen operaciones en fase de explotación es porque aproximadamente hace 15 años hubo inversión en exploración. Por tanto, cualquier desincentivo actual podría traducirse en una merma futura de proyectos, ingresos y aportes económicos para el país”, advirtió. No se anduvo con rodeos.

Ese planteamiento de Esteva ubica el caso Romero en una lógica de largo plazo, donde la exploración funciona como semilla de futuras actividades productivas, y donde las señales de confianza o incertidumbre impactan decisiones empresariales mucho antes de que exista explotación.

Mientras, Martín Valerio condujo buena parte de la conversación hacia el concepto de seguridad jurídica, uno de los temas más sensibles cuando se analiza clima de inversión. “Sí, definitivamente el tema de la decisión del presidente, que uno respeta, claro está, viene a sustituir las instituciones. En este caso estamos hablando de un estudio de impacto ambiental que el gobierno paraliza, y cuando lo paraliza, más que ser prudente, se convierte en una piedrita en el zapato para la seguridad jurídica, y entonces ya no toca solamente el tema minero. La seguridad jurídica es transversal al país y cuando digo transversal es porque no le da certeza a ninguna empresa que esté trabajando en República Dominicana”, advirtió. La preocupación de Valerio va más allá. “¿Por qué?, Porque se convierte en que cada vez que surja ese tipo de preocupaciones o manifestaciones el precedente está, de que el Presidente se pudiera pronunciar o el gobierno dominicano se pudiera pronunciar y parar un proceso que por ley esté establecido”, dijo.

El director ejecutivo de Camipe advirtió que cuando un proceso establecido dentro de un marco legal -como un estudio de impacto ambiental- se detiene por decisión gubernamental, en respuesta a presión o movilización social, se crea un precedente que puede ser observado por cualquier actor económico. El debate deja de ser exclusivamente sobre minería y se convierte en una discusión sobre certeza regulatoria. Concretamente, se refiere a que eso es peligroso, especialmente, si se tiene en cuenta la mirada de potenciales inversionistas, en distintas áreas. El país entra en cuestionamiento.