RD: Caso Jean Alain: 21 incidentes pendientes mientras la defensa mantiene el pulso con las juezas

Santo Domingo, RD.- La audiencia del proceso seguido al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez y otros imputados estuvo marcada por un enfrentamiento entre las defensas y el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, luego de que las magistradas decidieran reservar para una etapa posterior de juicio el conocimiento de 21 incidentes y, posteriormente, se generara una controversia por el plazo otorgado para recurrir esa decisión.

La jornada dejó sobre la mesa dos asuntos que mantienen la atención de las partes: la decisión del tribunal de no resolver en esta fase los planteamientos presentados por los abogados de los acusados y el desacuerdo de estos con el plazo de tres días que inicialmente se les concedió para impugnar la resolución.

El tribunal, integrado por las juezas Clara Zobeida Castillo Jiménez, Yissel Soto Peña y Jarolyn Rosario, consideró que los incidentes requieren una valoración más profunda de los elementos que forman parte del expediente, por lo que entendió que su discusión debe producirse en la etapa correspondiente del juicio.

La decisión provocó reacciones de los representantes legales, quienes insistieron en que sus planteamientos debían recibir respuesta y cuestionaron la manera en que las magistradas condujeron el procedimiento.

Los 21 incidentes: pruebas, nulidades y bienes bajo discusión

Entre los 21 incidentes presentados por las defensas figuran cuestionamientos a la obtención de pruebas documentales, testimoniales y digitales, así como a la legalidad de actuaciones procesales y solicitudes de exclusión de evidencias.

También fueron planteados argumentos sobre la prescripción de los hechos, la supuesta falta de precisión e individualización de las conductas atribuidas a los imputados, la atipicidad de algunas actuaciones y pedidos de devolución de bienes muebles e inmuebles incorporados como evidencias materiales.

Los abogados sostienen, entre otros argumentos, que existen elementos cuya obtención o vinculación con los hechos atribuidos debe ser examinada por el tribunal.

Sin embargo, las magistradas entendieron que para responder esos planteamientos resulta necesario analizar aspectos sustanciales del proceso, como la cronología de los acontecimientos, la forma en que fueron obtenidas las pruebas admitidas mediante el auto de apertura a juicio, la individualización de las conductas y el origen y la titularidad de los bienes ocupados.

Por esa razón, el tribunal decidió diferir el conocimiento de los incidentes para la etapa de fondo, al amparo del artículo 210, párrafo II, del Código Procesal Penal.

Las juezas precisaron que esa determinación no supone una vulneración de los derechos de los imputados ni del debido proceso, sino que responde a la necesidad de examinar esos asuntos en el momento procesal que consideran adecuado.

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El nuevo enfrentamiento por los tres días para recurrir

La discusión no terminó con la decisión sobre los incidentes. Las defensas también objetaron el plazo de tres días que el tribunal había establecido para recurrir la resolución.

El abogado Manuel Sierra Pérez, representante de Alfredo Alexander Solano Augusto, presentó uno de los recursos de oposición y argumentó que, debido a que el proceso fue declarado complejo desde su primera audiencia, celebrada el 8 de julio de 2021, el plazo para recurrir debía ser de seis días y no de tres.

Ese planteamiento recibió el respaldo de otros representantes legales, entre ellos Carlos Balcácer, abogado de Jean Alain Rodríguez, quien también defendió que debía aplicarse el plazo correspondiente a los procesos declarados complejos.

Al conocer los recursos, el tribunal los declaró inadmisibles en cuanto a la forma, pero modificó parcialmente su decisión anterior y dispuso que las partes puedan presentar oralmente los argumentos de sus recursos.

Las magistradas explicaron que procuraron armonizar las disposiciones legales y constitucionales relativas al derecho de defensa y al debido proceso, citando los artículos 68, 69 y 74 de la Constitución, así como los artículos 423 y 424 del Código Procesal Penal.

De esta manera, aunque las juezas mantuvieron su decisión sobre la forma de tramitar los recursos, permitieron que los abogados expongan sus fundamentos de manera oral en la próxima audiencia, fijada para el miércoles 4 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.

Balcácer habla de una actuación desafiante

Al reaccionar a la decisión, Carlos Balcácer expresó su desacuerdo con la actuación de las magistradas y la calificó como desafiante.

“Ellas vienen de forma desafiante, como si fueran jueces de paz”, manifestó el abogado, al referirse a la manera en que el tribunal respondió a los recursos presentados por las defensas.

Balcácer insistió en que, por tratarse de un proceso complejo, correspondía conceder seis días para recurrir la decisión, en lugar de los tres establecidos inicialmente.

Sierra Pérez advierte que exigirá un reclamo

Por su parte, Manuel Sierra Pérez consideró que las juezas actuaron por iniciativa propia al modificar parcialmente la resolución y disponer la presentación oral de los recursos, una decisión que interpretó como una represalia ante los planteamientos de los abogados.

“Nosotros vamos a exigir, en el campo de lo que manda la legislación, un reclamo de ese comportamiento”, afirmó al ser preguntado sobre las posibles consecuencias de lo ocurrido.

Sierra Pérez reiteró que, a su entender, el plazo aplicable debía ser de seis días, debido a la complejidad del expediente.

Un proceso que supera los RD$6,000 millones bajo alegato de corrupción

El juicio tiene como principal imputado al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, junto a otros procesados por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República, entre 2016 y 2020.

El Ministerio Público sostiene que durante ese período operó un entramado de corrupción administrativa que habría provocado un perjuicio al Estado superior a los RD$6,000 millones.

La acusación incluye presuntos actos de corrupción vinculados con procesos de contratación, manejo de recursos públicos y otras operaciones dentro de la institución.

Rodríguez ha rechazado las imputaciones y ha sostenido que el proceso responde a una persecución política. Las responsabilidades penales de los acusados deberán ser determinadas por el tribunal al concluir el juicio.

Con los incidentes pendientes de valoración y los recursos de las defensas a la espera de sus exposiciones orales, el proceso continuará el próximo miércoles 4 de noviembre, cuando las partes tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos ante las magistradas.

Ministerio Público ya había solicitado que los incidentes sean conocidos en el fondo

La representación del Ministerio Público, encabezada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, había solicitado que los 21 incidentes fueran diferidos para ser decididos conjuntamente con el fondo del proceso, al considerar que los planteamientos de las defensas no demostraban las irregularidades alegadas y que su discusión en esta etapa podía retrasar el desarrollo del juicio.

Ortiz defendió la decisión del tribunal de conceder a las partes las garantías previstas en la ley y rechazó que las defensas dispusieran de un plazo extendido para presentar recursos de oposición contra una decisión adoptada durante la audiencia.

La representante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) argumentó que, al tratarse de una decisión pronunciada en audiencia sobre incidentes planteados y conocidos en esa misma sesión, el recurso debía presentarse allí, por lo que entendía que no correspondía aplicar los plazos reclamados por los abogados.

“Las defensas están planteando aquí un recurso de oposición a una decisión que lo único que ha procurado es garantizar derechos”, expresó Ortiz.

La funcionaria sostuvo que la posición del órgano acusador buscaba evitar que las discusiones incidentales siguieran prolongando el proceso y permitir que el tribunal avanzara hacia el conocimiento de los hechos contenidos en la acusación.